3.7. De la “igualdad selectiva” al racismo de Estado

            Pudiera parecer que el racismo y la sociedad ilustrada de la liberte, egalite y fraternite sean incompatibles. Mientras el racismo defiende la esencial desigualdad de las razas, siendo unas superiores a las otras, la teoría ilustrada parte de que “todos los hombres nacen iguales” y deben por tanto, disfrutar de “igualdad ante la ley”. Sin embargo, no son pocos los autores que han denunciado como el racismo y la ilustración liberal son, de hecho dos caras de la misma moneda.

Los filósofos ilustrados defendían el contrato social según el cual Dios había creado a todos los hombres iguales. Por ejemplo Hobbes argumentaba que, si partimos del supuesto de que la naturaleza refleja la voluntad divina, veríamos que “había hecho a los hombres tan iguales” que ninguno gozaba de la fuerza de cuerpo o alma para reclamar “para sí cualquier beneficio al cual no pudiera aspirar otro tan como él” (Thomas Hobbes. Leviatán, 1651). De igual forma Rousseau decía que “el hombre ha nacido libre” y que “dicha libertad es consecuencia de la naturaleza del hombre” (Jacques Rousseau. El contrato social, 1762). Según los teóricos liberales, Dios había dado a todos los hombres del uso de la razón, aspecto esencial que distingue a estos de los animales. Por ello ningún hombre (léase, ningún rey) podría contar con un acceso privilegiado a los designios divinos que pudiera justificar su derecho a dictar unas leyes encaminadas a gobernar a los demás. Iguales, tanto en fuerza como en razón, los hombres están exentos de la obligación de someterse a leyes promulgadas por una persona que se proclama rey. Para ello, los hombres iguales deben unirse en un contrato social para determinar entre sí las leyes que deben gobernarlos.

            De este análisis se deduce que los filósofos de la ilustración nunca creyeron que todos los hombres hubieran nacido iguales. Los “hombres iguales” en los que pensaban eran varones, cabeza de familia, que poseían suficientes propiedades como para no tener que trabajar para otros como sirvientes o asalariados. En una palabra: los hombres liberales. La Constitución de la Reúbñoica francesa de 22 –VIII-1795 otorgaba la ciudadanía en el artículo 8 del título 2, exclusivamente a los varones de al menos 25 años de edad que estuvieran inscritos en el registro civil de su cantón, pagara sus impuestos y residiera, mínimo un año, dentro del territorio francés.

En los dos siglos siguientes, la categoría de “hombres iguales” se ha ido ampliando a varones sin propiedad, a las minorías étnicas o raciales, y finalmente a las mujeres. Pero la lógica cultural excluyente ilustrada ha permanecido invariable en este tiempo. Si Dios/naturaleza creó iguales a todos los hombres, entonces aquellos que manifiestamente no son iguales seguramente no son hombres. Estos “no hombres” carecerían de la capacidad de raciocinio que sería la base de la plena autonomía. En los siglos XVII y XVIII, los esclavos, sirvientes y asalariados eran sistemáticamente excluidos del contrato social porque, aunque tuvieran uso de razón no estaban en condiciones de ejercerla, ya que debían de obedecer las órdenes de sus amos y patrones. En el siglo XIX la clase trabajadora luchó por su derecho al voto, al igual que las mujeres y los miembros de minorías raciales. Hoy en día siguen siendo muchas las personas que siguen sin ser considerados “hombres iguales”: los niños en el seno de sus madres, los enfermos en estado terminal, los inmigrantes, los deficientes psíquicos, y millones de personas del tercer mundo que apenas tienen que llevarse a la boca y mueren diariamente de hambre y enfermedad.

            Los inspiradores de la Constitución francesa de 1791, planteaban como necesaria la difusión de la idea racista de la inferioridad de los negros y por ello consiguieron que la Asamblea Constituyente no reconociese la igualdad de derechos a los negros libres, aún cuando fuesen propietarios.

            Los filósofos del contrato social apuntaban que, si todos los hombres eran creados iguales, entonces no solo debían elaborar sus propias leyes, sino que también estas leyes debían aplicarse por igual a todos ellos. Pero esta idea llevada a la práctica produce unas tremendas injusticias que fomentan los prejuicios racistas. Si la ley brinda un trato igual a todos, entonces las desigualdades que se observan no pueden ser consecuencia de la ley. Serían más el resultado de desigualdades que preexisten al Derecho, como diferencias físicas y mentales predeterminadas por Dios o por la naturaleza, o bien diferencias que derivan del libre albedrío de los individuos. Si alguien no alcanzaba el éxito económico, a pesar de gozar de igualdad ante la ley, entonces el fracaso debía de derivar del hecho de “carecer de la capacidad o voluntad para triunfar”.

            Esta noción de “igualdad ante la ley” es particularmente perniciosa ya que no sólo evoca mundos imaginados de desigualdades naturales o divinas que preexisten al derecho y que la ley no puede o no debe menguar, sino también porque de hecho la “igualdad ante al ley” crea y perpetúa la discriminación. Está comprobado que la igualdad ante la ley lo único que genera es más discriminación al dar un trato de iguales a personas desigualmente ubicadas. Por ejemplo la protección del derecho a la propiedad beneficia únicamente a aquellos que poseen bienes productivos a expensas de aquellos que sólo poseen bienes de consumo.

            Varios han sido los autores que han denunciado la contradicción inherente a la teoría política liberal entre el derecho universal a la igualdad y el particularismo nacional. Kristeva, por ejemplo, señala que las ideas de la universalidad de los “derechos del hombres” y las prácticas excluyentes del Estado estaban ya indisolublemente ligadas en uno de los documentos impulsores de la teoría política ilustrada: La Declaracion de los derechos del hombre y el ciudadano adoptada por la Asamblea Nacional Francesa en 1789.

            El etnólogo Jane Collier afirma:

“Los gobiernos de los Estados democráticos liberales pueden argumentar que otorgan a todos la misma protección legal, pero las presunciones silenciadas sobre el “ciudadano normal” condenan a quienes no cumplen con ellos a convivir la discriminación que deriva de ser diferente. En cada Estado nación moderno, el “ciudadano normal” es imaginado como varón, adulto, física y mentalmente competente y de solvencia económica. Eso condena a las mujeres, los niños, los discapacitados, y los pobres a sufrir el estigma de la diferencia”.[1]

Las naciones, tan solo protegen los derechos de algunos hombres (sus propios ciudadanos), por lo cual descalifican al resto de la humanidad como “extranjeros” quedando estos fuera de la protección de las leyes del Estado; quienes en el mejor de los casos, reciben protección pero con ciertas condiciones.

Silverman apunta que el Estado, al obligar a que la ciudadanía dependa del acoplamiento a la cultura impuesta por este, no hace sino crear un racismo nacional junto a un republicanismo liberal. Por ello, el racismo “no es un mal externo que periódicamente invada el cuerpo político; es una parte integral a la conformación misma de los Estados nación modernos”.  

Autor: José Alfredo Elía Marcos    

[1] Collier, Jane, “Liberalismos y racismo: dos caras de una misma moneda”, en Dimensión Antropológica, vol. 15, enero-abril, 1999, pp. 11-26. Disponible en:http://www.dimensionantropologica.inah.gob.mx/?p=1266
Anuncios
Esta entrada fue publicada en Racismo y etiquetada , , . Guarda el enlace permanente.